Expertos argentinos en derecho procesal advierten prisión no reduce violencia
Dos
expertos argentinos en derecho procesal penal advirtieron ayer
que la prisión no disminuye los índices de violencia
y delincuencia, por lo que recomendaron incrementar la implementación
de medidas que reparen los daños causados a las víctimas.
Ricardo Jorge Mendaña y Marcos Gabriel Salt advierten que
si no se desarrollan medidas alternativas a la prisión,
entonces, el sistema se congestiona con el agravante de que la
cárcel no le sirve ni al Estado ni a las víctimas.
"No hay ninguna posibilidad de plantear una persecución
penal eficaz, si los casos que pueden encontrar una solución
distinta a la aplicación de la ley penal, es decir aquellos
pueden recibir como respuesta reparación a las víctimas,
sino se desarrollan el sistema se congestiona y pareciera que
el único camino es la cárcel y la cárcel
no le sirve ni al sistema ni a la víctimas", precisó
Mendaña.
Dijo confiar plenamente en las salidas alternativas y en la reparación
a las víctimas.
Manifestó que las autoridades deben poner mucha energía
en desarrollar los sistemas de composición y reparación
a las víctimas para aligerar la cantidad de casos que el
sistema puede investigar y para darle racionalidad al mismo.
Entiende que si no se tiene esta visión estratégica,
donde por un lado este la persecución penal y por otro
el desarrollo de las formas alternativa, resulta muy difícil
lograr una investigación eficaz.
En tanto que Salt sostuvo que para lograr la eficiencia no significa
que se vulneren los derechos de las personas que se ven de alguna
manera sometidas al proceso.
"El sistema penal no puede nunca ser la solución a
todos los problemas sociales", apuntó.
Explicó que en muchos países se ha tratado sin éxito
de enfrentar cada problema social que surge con la implementación
de una ley penal nueva.
Sostuvo que para buscar una solución a una problemática
la utilización del sistema penal debe ser el último
recurso, y dentro del sistema penal la utilización del
encierro también debe ser el último recurso.
A su juicio es vital la decisión político-criminal
de los Estados, en relación a cuales son las conductas
que se perseguirán y en que manera.
Mendaña dijo que la asimilación de un código
lleva algunos años, porque siempre en los indicios empiezan
a aparecer problemas.
DIFERENCIAS SON NORMALES
En cuanto a las diferencias entre jueces y fiscales, ambos expertos
coincidieron en que es una situación normal cuando se aplica
una nueva normativa.
Recomiendan que se trabaje para lograr el afianzamiento tanto
a lo interno de cada institución como de manera conjunta.
Manifestaron que nadie se puede asustar porque un juez le diga
a un fiscal que la investigación no esta completa, porque
esta esa es su función.
En consecuencia recomendaron a los fiscales trabajar y recolectar
las pruebas adecuada para que el juez proceda a iniciar un juicio.
Los expertos argentinos visitaron el país por gestión
del Comisionado de Justicia con los auspicio de la USAID, dentro
del programa de actividades de la Comisión Nacional de
Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ).
PROBLEMAS VIEJOS
"Las deficiencias en la investigación penal eran problemas
que estaban también con el viejo código, y no es
que es ahora cuando la Policía y los fiscales tienen inconvenientes
en las pesquisas", precisó.
Los problemas existían antes, lo que pasa es que la reforma
procesal quizás les de mayor visibilidad, porque el juicio
oral reclama ciertos estándares en la producción
de pruebas, que al desnudo la carencias que existían desde
año atrás.
A su juicio la implementación de la reforma procesal ha
sincerado muchos aspectos de la investigación, pero entiende
que muchos de los problemas surgidos ahora han sido resuelto por
las autoridades y otros están en camino.
|